La Autoridad portuaria nacional (APN) podría caer dentro de poco bajo las alas protectoras del sector privado, tal como ocurre con la Fábrica de harina (Minoterie) y la Fábrica de cemento de Haití. Parlamentarios temen, como la peste, que los aproximadamente 1200 empleados de esta institución estén sacrificados sobre el altar de la privatización.
Lo que está en juego de la privatización probatoria de la Autoridad portuaria nacional (APN) han sido delimitados, jueves, al Senado de la República huésped de la Comisión nacional de las agencias marítimas. “El personal pletórico del APN no está en condiciones de adaptarse a las normas internacionales vigentes para la gestión de los puertos”, consideró Edouard Baussan, el Presidente de la Comisión nacional de las agencias marítimas, citado por el senador Rudy Hérivaux. Aproximadamente 200 profesionales, dijeron al hombre de negocios, podrían proporcionar el mismo volumen de trabajo para el cual 1200 empleados son contratados por el APN. Cifras que parecían convincentes para los parlamentarios que desearían una “privatización a cara humana.”
“No podemos sacrificar a los empleados sobre el altar de la privatización, replicó el senador Hérivaux (Fanmi Lavalas) al espíritu de sacrificio mencionado por la Comisión nacional de las agencias marítimas para modernizar el APN.” Vista la situación de precariedad que existe en el país sería necesario encontrar de antemano una solución alternativa, abogó al parlamentario. Rudy Hérivaux que respondía a las cuestiones del Diario sugirió negociaciones entre los responsables del Consejo de modernización de las empresas públicas (CMEP), del Ministerio de Finanzas, del de la Planificación y el sector privado.
“A la vista de las experiencias ya hechas con la fábrica de harina y Fábrica de cemento de Haití, dos empresas del Estado haitiano privatizadas desde cerca de una década, han dicho al senador, los responsables deben convencernos de la necesidad de privatizar el APN.”
Después de la Téléco cuyo proceso está en curso a privatizarse el APN es el más evidente de las empresas del Estado.
Los puertos haitianos, indicara recientemente el Presidente René Préval, tienen la tarifa más elevada del todo el Caribe. Lo que constituye, según el jefe del Estado, una falta de ganancias para el país. Algunos hombres de negocios prefieren ir a otras partes.
La Téléco, la Oficina nacional de seguro (ONA), la Autoridad portuaria nacional (APN), la Electricidad de Haití (EDH) conocerán de una forma o de otra reformas, privatizaciones o una asociación entre los sectores público y privado con el fin de rentabilizarlos para el bien de la nación, recientemente anunciara el jefe del Estado.
La gestión de algunos puertos autorizados a recibir y exportar mercancías específicas se mencionó también en el encuentro celebrado a puertas cerradas entre los parlamentarios y los miembros de la Comisión nacional de las agencias marítimas.
Algunos de estos embarcaderos se interesarían en acoger otras mercancías, otros que los por los cuales tienen una autorización.
Claude Gilles
Fuentes
http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=1&ArticleID=46699&PubDate=2007-07-27
Traduccion Thom GATO
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¡Esto merece un comentario!
Antes mismo de hablar de privatización de las empresas públicas poco rentables, Al estado le bastaría para comenzar, enganchar un proceso de “normalización” en sus funcionamientos.
La palabra normalización utilizada aquí no es no un sustantivo destinado a definir una nueva línea económica si no es el contrario de anormal.
Las empresas públicas no son rentables en Haití debido a la corrupción, la incompetencia y a su politización. En efecto los Gobiernos tienen la práctica de servirse de los ingresos de estas empresas como sus haberes personales.
A nivel político no sólo hubo en el tiempo una distribución entre los políticos del país de la gestión de algunos sectores sino que hay sobre todo la concesión de puestos en exceso en las administraciones como recompensa por servicios prestados.
En realidad se recompensa a los militantes a menudo por sus acciones a menudo ilegales (vocear e intimidar parlamentarios, vocear e intimidar dirigentes politicos de la oposición, quemar locales de partidos politicos, organizar manifestaciones de apoyo, recibir los dirigentes de regreso de viajes al aeropuerto internacional….)por empleos en las cajas del estado en detrimento de toda idea de competencia y utilidad del empleado al buen funcionamiento de la empresa. Por ejemplo los artesanos del “Montanazo” podrían simplemente ir a reivindicar puestos en la Administración pública.
Esto explica el número impresionante de empleados en las listas de estas empresas deficitarias. Los 1.800 empleados del Teleco, los 1200 empleados del APN no son más que ejemplos para corroborar una práctica endémica extendida en todas las estructuras del estado. Si una empresa requiere a 200 empleados para funcionar no hay ninguna razón que pueda justificar que allí tengan 1.200 en una lista de pago.
Reducir el número de empleados - sin contar los casos particulares y los abusos - sólo volvería a entrar en el marco de la normalización del funcionamiento de estas empresas. Allí también será necesario evitar la amalgama entre las supresiones de empleos a causa de quiebra a la supresión de empleos para evitar precisamente la quiebra de estas empresas.
Sola y solamente en un segundo momento se podrá recurrir a los economistas, a las sindicalistas evolucionadas y a los inversores para discutir de la alternativa de la privatización.
Dr J.J 30/07/07
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