La República Dominicana anula los derechos a miles de inmigrantes y a sus hijos

Ezra Fieser, La Romana (República Dominicana) GlobalPost
Algunos son inmigrantes haitianos llegados hace más de tres décadas al país, y ahora tienen problemas para renovar sus documentos. Pero el problema también es para sus hijos, inmigrantes de segunda generación, a los que ningún otro país les reconoce. Al fin y al cabo, han nacido y vivido siempre en territorio dominicano.
Juan acumuló fama como médico y líder político local, además de por ser el director del hospital público de la ciudad. Carmen se dedicó a criar a sus cuatro hijos y solía viajar con regularidad a EEUU para visitar a algunos familiares. “Nos hemos pasado toda la vida aquí. Todavía vivimos en la misma ciudad en la que nacimos”, asegura.
Sin embargo, a ojos del Gobierno de la República Dominicana, Carmen no es dominicana ni jamás lo ha sido.
A miles de personas que nacieron en suelo dominicano pero son hijos de inmigrantes ilegales, les están diciendo ahora que no son ciudadanos del país caribeño. Pero como muchas de estas personas han vivido en la República Dominicana toda su vida, ningún otro país les reconoce como ciudadanos.
Carmen ha tenido que solicitar tres veces la copia compulsada de su certificado de nacimiento, necesaria para renovar su pasaporte. Le dicen que como su madre era inmigrante ilegal haitiana, ella no puede tener la ciudadanía dominicana.
“La primera vez que nos lo dijeron fue todo un shock. Nunca hemos estado en Haití, pero sin embargo, ¿le dicen que ella no es dominicana porque su madre era haitiana?”, exclama su marido. “Estoy indignado”.
En 2004 el gobierno dominicano aprobó una ley de inmigración que negaban el derecho de ciudadanía por nacimiento a los hijos de personas “en tránsito” en el momento del parto. Las autoridades de la isla entienden por “en tránsito” a los inmigrantes ilegales, principalmente haitianos. Tras varios recursos legales en tribunales nacionales e internacionales, el Gobierno adoptó el año pasado una nueva constitución, que puntualiza que los hijos de extranjeros ilegales en el país no tienen derecho a la ciudadanía dominicana.
El gobierno está aplicando ahora la ley de manera retroactiva a los hijos de los haitianos que cruzaron la frontera de la isla hace décadas. Como consecuencia de esta medida, miles de personas han visto denegadas sus solicitudes de documentos oficiales. Esos documentos son necesarios para hacer cualquier cosa, desde casarse hasta acudir a la universidad o viajar.
Grupos de derechos humanos dicen que una cantidad exorbitante de afectados son hijos de haitianos. La Organización Internacional para las Migraciones calcula que hay en torno a 1,2 millones de haitianos viviendo ahora en la República Dominicana. Las estimaciones del Gobierno varían sustancialmente.
Para algunos, se trata de un nuevo giro de tuerca en las complicadas relaciones haitiano-dominicanas. Aunque comparten la isla de La Española, los dos países son muy distintos, cultural y económicamente.
Esas diferencias llevaron al dictador dominicano Rafael Trujillo a ordenar en 1937 la matanza de los haitianos que vivían cerca de la frontera. Las históricas tensiones se han vuelto a reavivar recientemente.
“Estas eran personas con derecho a la ciudadanía por la constitución vigente en el momento de su nacimiento. No se puede aplicar retroactivamente una ley que le quita a alguien su ciudadanía”, asegura Marselha Gonçalves-Margerin, del Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos.
En gran parte del mundo no se otorga la ciudadanía de un país basándose tan sólo en el derecho por nacimiento. Pero en el continente americano, nacer en un país se considera suficiente para obtener la nacionalidad de ese lugar.
La República Dominicana es el retrato de lo que ocurre cuando un país cambia las reglas, aseguran los grupos de activistas que se oponen a la medida. “Hay gente que lleva décadas aquí. Son médicos, abogados, jugadores de béisbol... personas que podrían ser los próximos líderes del país. Y se les está quitando la nacionalidad”, indica Liliana Gamboa, representante del Open Society Institute, que ha financiado el recurso ante los tribunales de las leyes de ciudadanía dominicanas.
“La idea de que el sistema está basado en la raza o que de algún modo es racista es un error”, asegura Brígida Sabino, directora de la división del Registro Civil a cargo de emitir los documentos oficiales para la ciudadanía. “La verdad es que esta situación afecta tanto a los dominicanos como a los extranjeros”, dice, aunque no puede aportar estadísticas para corroborar su afirmación.
El gobierno dominicano ha invertido más de 70 millones de euros, prestados en su mayoría por el Banco Mundial, en modernizar su sistema de Registro Civil. Se han escaneado y digitalizado unos 20 millones de documentos legales; de todo, desde certificados de nacimiento hasta certificados de matrimonio. Y durante este proceso se ha descubierto un fraude masivo cometido con el antiguo sistema de registro.
“Hubo gente que utilizó la identificación de sus vecinos para registrar a sus hijos, porque querían que fuesen dominicanos”, asegura Miguel Ángel García, que está supervisando este proceso de modernización gubernamental.
El Gobierno está investigando los casos sospechosos, y mientras tanto está denegando nuevos documentos a cualquiera de las personas que hayan hecho saltar las alarmas. Si la investigación revela que la persona en cuestión es hija de inmigrantes ilegales, no puede solicitar la ciudadanía, explica García.
En el caso de José Remie significa que ninguno de sus nueve hijos es ciudadano dominicano. Fue un empresario dominicano el que contrató a este haitiano hace décadas en su ciudad natal, Puerto Príncipe, para trabajar como bracero en sus campos de caña de azúcar. Remie emigró a la República Dominicana con su mujer, Betilia Altimie, en la década de 1970.
“Tuve nueve hijos aquí, y he trabajado toda mi vida para ellos”, asegura en un español aprendido en las plantaciones. Su familia se instaló en uno de los cientos de bateyes de la República Dominicana, pequeñas aldeas para los trabajadores de la caña, con nombres optimistas como Esperanza. Remie y su familia viven en uno que se llama Bienvenido.
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